Siempre me ha sorprendido la
ausencia de banderas españolas en las manifestaciones protagonizadas por la
izquierda española. Da la impresión que los asistentes no se sienten
representados por ella y por eso exhiben otras que deben ser las que realmente
reflejan su identidad ideológica. Proliferan las rojas con hoz y martillo y las
de la Segunda República. Respecto de esta última, hay muchísimos compatriotas que la
muestran orgullosos como si aquel período de nuestra Historia hubiese
significado el sumun máximo de libertades públicas y de respeto a los derechos
civiles, cuando la realidad es que si supieran cómo se conducía la izquierda en
aquellos años, su opinión, tal vez, fuera otra.
Por ejemplo, al contrario de lo
que muchos creíamos a pies juntillas, los primeros que rechazaron violentamente
la República fueron los anarquistas y los comunistas. Entre 1932 y 1933 se
produjeron en nuestro país cuatro insurrecciones revolucionarias con un saldo
de más de doscientos muertos. Una protagonizada por la extrema derecha, las tres
restantes encabezadas por la extrema izquierda.
Hace algunos años llegó a mis
manos un libro escrito por el hispanista norteamericano Stanley G. Payne,
titulado “40 preguntas fundamentales sobre la Guerra Civil”. Lo leí entonces
pero lo estoy releyendo otra vez, aunque sin orden, sino saltando de una a
otra.
Copio una parte de la tercera pregunta,
que aparece encabezada con la siguiente cuestión:
¿Quiénes rechazaron una República constitucional y democrática?
Al final, en septiembre de 1933 se quebró la alianza entre los
republicanos de izquierda y los socialistas, dando pie a la celebración de
nuevas elecciones.
En estos comicios, los socialistas se negaron a aliarse con los
republlicanos de izquierda y ya la opinión pública había comenzado a reaccionar
de manera negativa a los resultados del reformismo republicano, sobre todo en
lo que atañía a su denegación de plenos derechos civiles tanto a los católicos
como a la Iglesia.
En las nuevas elecciones, la CEDA, (Confederación Española de Derechas
Autónomas) obtuvo una pluralidad, si no una mayoría de votos, convirtiéndose en
el mayor partido en las Cortes, seguidos por los radicales. El resultado de
estas elecciones fue diametralmente opuesto al de las primeras de 1931.
Los líderes republicanos de izquierda y los socialistas respondieron
exigiendo al presidente Alcalá-Zamora que cancelase los resultados del sufragio
y les permitiera modificar la ley electoral, de manera que, en la nueva
consulta, quedase garantizado el triunfo electoral de la izquierda. No alegaron
la ilegalidad de las votaciones; tan solo objetaron que la derecha había
ganado. Rechazaron el principio básico de que la democracia constitucional
depende de las reglas del juego y del imperio de la ley, lo que en algunas
ocasiones se ha denominado “reglas fijas y resultados inciertos”, e insistieron
en garantizarse un resultado –el poder para sí mismos- que sólo podía
alcanzarse manipulando las leyes sin cesar.
Mientras la CEDA había aceptado unas leyes electorales elaboradas por sus
oponentes izquierdistas, la izquierda moderada afirmaba que no se podía
permitir que el partido católico ganase las elecciones –incluso aplicando
las leyes de la izquierda- debido
a que la CEDA se proponía introducir ciertos cambios básicos en el sistema
republicano. La propia izquierda acababa de cambiar de un modo fundamental el
sistema español, mientras los socialistas se proponían ir mucho más allá,
introduciendo el socialismo pleno, y pese a ello, los partidos de izquierda
sostuvieron que la derecha moderada no tenía derecho a ganar las elecciones e
implantar sus propios cambios. La izquierda insistía en que la República no era
un sistema democrático igual para todos, sino un régimen especial, identificado
con la izquierda moderada y no con los deseos, expresados en las urnas de la
mayoría de la sociedad española, los cuales, dependiendo de su contenido
político, podían ignorarse.
No resulta sorprendente que el presidente Alcalá-Zamora rechazase cuatro
solicitudes diferentes, procedentes de la izquierda moderada, para cancelar los
resultados electorales y cambiar la ley ex post facto.
Por otra parte, el hecho de que la izquierda moderada, en gran parte
responsable de las leyes y reformas de la República, desdeñase la democracia
electoral en cuanto perdieron las elecciones, significaba que las perspectivas
de que el nuevo régimen llegase a ser una democracia, eran extremadamente
limitadas.
Toda la lata que está dando la
izquierda en España hoy día, alegando la falta de legitimidad de las medidas
adoptadas por el gobierno del señor Rajoy al hacer lo contrario de
lo que prometió en campaña electoral, ausencia de legitimidad que exige –según
ellos- un referendum por el que los ciudadanos ratifiquemos las medidas
adoptadas por los populares en los últimos diez meses, se parece mucho a los
intentos por lograr la cancelación de los resultados de las elecciones de 1933,
porque, simplemente, no ganaron ellos. Es decir, con la propuesta de referendum
se persigue alterar la voluntad del pueblo libremente expresada en las urnas,
para impedir que la derecha pueda, parafraseando a Payne “implantar sus propios
cambios” en virtud del mandato entregado por la ciudadanía.
En un artículo firmado por
Méndez y Toxo y publicado en el diario El País manifestaban que “El 20 de
noviembre nadie pudo pronunciarse sobre el abaratamiento del despido, sobre la
individualización de las relaciones laborales, sobre los recortes en educación
y sanidad, sobre el incremento de los impuestos, sobre la reducción de salario
y empleo en las administraciones y empresas públicas, sobre los recortes en
dependencia, sobre la reducción de las prestaciones por desempleo.” http://elpais.com/elpais/2012/08/12/opinion/1344797544_146077.html
¡Pues claro que no! No era ese
el objeto de la consulta. El 20 de noviembre de 2011 los españoles sólo nos
pronunciamos respecto de qué partido político queríamos que dirigiese los
destinos de España y a qué otro partido político preferíamos mantener alejado
de la posibilidad de hacerlo.
En
la Web de Comisiones Obreras se recogen algunas manifestaciones –algunas de
tono amenazante- de su secretario general que insisten en este hecho. “Ante el
incumplimiento de su programa electoral, y antes de que la situación social
pase de explosiva a insostenible, el Gobierno tiene que dar la palabra a la
ciudadanía y convocar un referéndum", exigió Toxo. “La gente, también la
que votó engañada al PP, - subrayó-, "tiene derecho a opinar".
http://www.ccoo.es/csccoo/menu.do?Inicio:402253
Es
decir, como el desenlace de las elecciones les ha sido desfavorable, como hasta
los propios votantes del PP votaron engañados, -sólo Toxo y Méndez disponen de
la luz de la verdad- hay que subvertir el
resultado de aquéllas mediante la convocatoria de un referéndum, pretensión de
exacta coincidencia con la formulada en la II República después de las
elecciones de 1933. Usted ha ganado los comicios, pero usted no puede implantar
en España las medidas que considere porque el sistema sólo es válido si
gobernamos nosotros.
Nadie mejor que Francisco Largo
Caballero explicó la idea que de la democracia tenía la izquierda española en
aquellos años. El 10 de febrero de 1936 en el cinema Europa, afirmó “Si los
socialistas son derrotados en las urnas, irán a la violencia, pues antes que el
fascismo preferimos la anarquía y el caos”.
Total que a pesar de la urticaria constatable y empírica que parece produce a nuestra izquierda la bandera nacional son muchos los que afirman estar hartos de que "la derecha se haya apropiado de la bandera y de la idea de España"
