Cándido, ¿dónde estás?

El artículo 3 del Estatuto de Ministerio Fiscal define en dieciséis apartados las funciones que le son propias y, entre otras, incluye la siguiente:

“Ejercitar las acciones penales y civiles dimanantes de delitos y faltas u oponerse a las ejercitadas por otros, cuando proceda.”

29 de septiembre. Sevilla. Una cámara grabó a un piquete informativo en acción. Se ve como, tras amedrentar al dueño de un bar, terminan destrozándole parte del mobiliario del local, forzándolo a cerrar su negocio. Entre la turba sindicalista, y perfectamente identificados por las imágenes, se encontraba el Delegado de Economía y Empleo, el Director General de Juventud y Deportes, ambos, miembros del Ayuntamiento de Sevilla, los gerentes de la empresa municipal Sevilla Global y el Coordinador del grupo municipal de IU en aquella capital. Uno de los concejales ha reconocido, en rueda de prensa, su participación en los hechos. “Me siento orgulloso de haber participado en los piquetes informativos”, ha dicho. Preguntado sobre el hecho concreto, declara que “no vi lo que pasó” y que “la Policía fue la que acosó a los piquetes y arremetió contra ellos en las aceras”.

¿Y el Fiscal General del Estado? ¿Y el Ministro del Interior? ¿No han escuchado estas declaraciones? ¿No han visto las imágenes de la actuación de este grupo de vándalos al que el concejal sevillano, con orgullo, pertenece? ¿Cómo es que ni la Guardia Civil, ni la Policía Nacional han practicado detención alguna?

Es, sencillamente, lamentable.

La impunidad es total. La certeza que tienen estos desalmados de que la violencia sindical es admisible, guste o no, les lleva a actuar a cara descubierta sin resquemor alguno. Ya lo vimos con los trabajadores del Metro de Madrid. No hay temor ni miedo a la represalia del Código Penal. Están convencidos que autotitularse "representantes de los trabajadores" les concede una superioridad moral tal, que resulta plenamente justificado "apretarle las tuercas a algunos si es necesario", en el sentido más siciliano de la frase.

Se supone que los ciudadanos europeos encomendamos las cuestiones relativas a nuestra seguridad personal y la de nuestros bienes al Estado, en la confianza de que cumplirán con su deber, haciendo cumplir la Ley y persiguiendo a aquellos que la vulneren. Por eso no se venden armas en nuestros países. Los americanos piensan de otra forma. Muchos de ellos creen que nadie mejor que uno mismo puede garantizar su seguridad, la de su familia y la de sus bienes y claro, cuando ocurren estas cosas, cuando ocurre que el Concejal de Economía y Empleo de tu Ayuntamiento, el mismo que te cursa anualmente el impuesto de actividades económicas derivado de la explotación del bar que tienes abierto, forma parte de una turba que te destroza el local, y sobre todo, compruebas como los encargados de “ejercitar las acciones penales y civiles dimanantes de delitos y faltas” hacen dejación de lo que es su obligación, al menos yo, entiendo a muchos de esos americanos.