Supongamos por un instante que vivimos en abril de 2014, que estamos escuchando la radio, cuando el locutor afirma: Hace unos escasos minutos Arnaldo Otegui, Lendakari del gobierno vasco, ha declarado unilateralmente la independencia de las tres provincias vascas. En un discurso retransmitido por Euskal Telebista desde Ajuria Enea, el presidente se ha dirigido a los vascos y a las vascas para manifestarles que “después de un año desde que, mayoritariamente, el pueblo vasco otorgó su confianza a Bildu / Amaiur y PNV, ha llegado el momento de asumir la necesidad de regir por nosotros mismos los destinos de Euskadi y dar el paso al frente para hacerla libre e independiente. Me resulta muy grato anunciarles que el Parlamento vasco, en sesión celebrada hace unas pocas horas y con el apoyo de los grupos mayoritarios en la Cámara, ha declarado la independencia de Euskalherría. A partir de hoy –ha continuado- sólo ondeará una bandera en estas tierras. A partir de hoy, las fuerzas de ocupación que permanecen en cuarteles dispondrán de un plazo de tres días para abandonar nuestro país. A partir de hoy se abre, por fin, tras años de lucha y sufrimiento, la esperanza de una Euskadi libre y sin ataduras. En este sentido y en previsión de incidentes he dado órdenes al Ministro de Interior, Don Íñigo Urkullu, para que ponga a la Ertzaintza en situación de máxima alerta.”
Bueno, está claro que es pura ciencia ficción, pero colocados ante esa hipotética tesitura similar a la de Kosovo, ¿qué habría que hacer? ¿Se ordena a la Guardia Civil detener a Otegui y a Urkullu? Si la Policía autonómica vasca intenta evitarlo, ¿deben dispararles los agentes de la Benemérita? ¿Movilizamos unidades policiales estacionadas en comunidades limítrofes para contrarrestar la posible acción de la Ertzaintza para con aquellos vascos que violentamente rechacen la independencia? ¿Ordenamos a las unidades militares estacionadas en aquella comunidad autónoma rodear Ajuria Enea y el Parlamento euskaldún? ¿Mandamos la aviación?
El otro día escuchaba por la radio a Mayor Oreja y comentaba el que, en su opinión, sería el previsible escenario derivado de las próximas elecciones autonómicas vascas, con una mayoría nacionalista al frente del Gobierno de aquella comunidad y resultaba altamente preocupante.
Por otro lado, cayó en mis manos un magnífico artículo de Ángel Fernández publicado en un diario digital, en el que señalaba, entre otros aspectos, la cohesión de los constitucionalistas como un elemento fundamental para poder afrontar con éxito un reto del calibre del que hablamos, pero,…..continuando con la ficción llevada más al extremo, ¿y si no hay consenso entre PP y PSOE? ¿Y si Pachi López amenaza con romper el PSOE si no se acepta la declaración de Otegui, justificándola como el mal menor a asumir en evitación de un baño de sangre? ¿Y si los socialistas catalanes, ya abiertamente nacionalistas, manifiestan que, de alguna manera entienden, justifican o apoyan la declaración de Otegui? ¿Qué haría el amigo “llámame Alfredo” al verse atrapado entre la espada que le obliga a defender la unidad territorial de España y la pared que le fuerza a apretar el botón de “autodestrucción” del PSOE?
En definitiva, ¿qué debe hacer el Gobierno de España ante estos hechos? ¿Cómo debe actuar? ¿Existe algún protocolo previsto para hacer frente a esta concreta eventualidad?
Dice el artículo 155 de la Carta Magna que “Si una Comunidad Autónoma no cumpliere las obligaciones que la Constitución u otras Leyes le impongan, o actuare de forma que atente gravemente al interés general de España, el Gobierno, previo requerimiento al Presidente de la Comunidad Autónoma y, en el caso de no ser atendido, con la aprobación por mayoría absoluta del Senado, podrá adoptar las medidas necesarias para obligar a aquélla al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones o para la protección del mencionado interés general.” Por otra parte, el artículo 2 establece que nuestra Constitución encuentra su fundamento, precisamente, en la indisoluble unidad de la Nación española.
Creo honestamente que cuando, llegado el momento, el Gobierno solicitase el respaldo del Parlamento para adoptar las medidas necesarias para obligar a aquélla al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones o para la protección del mencionado interés general lo encontrará sin fisuras en todos los partidos del arco parlamentario con la excepción probable, de CIU y PNV e inequívoca de ERC, Bildu y Amaiur
En cualquier caso, PP y PSOE están obligados a sentarse más pronto que tarde y empezar a trabajar juntos para garantizar la cohesión territorial de España.
Deben formar a la mayor brevedad dos grupos de trabajo.
Uno dirigido a dotarnos, antes que nada, con urgencia, de un protocolo de actuación que especifique y concrete los mecanismos que deben ponerse en marcha de forma automática por parte del Estado, para hacer frente a órdagos secesionistas y garantizar la integridad territorial de España. Ángel Fernández hablaba de una Ley que regulase y desarrollase el artículo 155 de la Constitución. Me parece perfecto, pero cuanto antes esté operativa, mejor que mejor
Otro encaminado a lograr una declaración de la Unión Europea que de forma tajante y taxativa proclame la inmediata expulsión de la misma de cualquier región europea que unilateralmente declare su independencia, quedando su admisión posterior sujeta a la autorización previa del Estado afectado. No sería complicado obtener respaldo de otros socios comunitarios. Italia y Bélgica tienen problemas similares. Francia se apuntaría con tal de evitar que nacionalistas vascofranceses se “animaran” como consecuencia de la independencia lograda por “sus hermanos” en la otra parte de Euskadi.
Se avistan nubarrones en el horizonte.
